Legisladores de Nuevo León aprobaron esté miércoles una reforma que modifica 27 artículos de la Constitución local para quitarle funciones al Ejecutivo estatal, como el poder de vetar a un candidato para ser fiscal, y con la que además el Poder Legislativo podrá destituir al gabinete del gobernador.
Con 28 votos a favor, 13 en contra y cero abstenciones, el Congreso de Nuevo León aprobó la iniciativa que también establece que el gobernador no podrá intervenir en las designaciones de los magistrados del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.
Asimismo, establece que el gobernador no puede salir de viaje si no avisa y solicita permiso al Congreso; de igual forma, convierte al Instituto de la Defensoría Pública en un órgano dependiente del Poder Judicial.
Durante la discusión, el coordinador de los diputados locales de Movimiento Ciudadano, Eduardo Gaona, señaló que con este dictamen lo que pretende el PRI y el PAN es cogobernar, y aseveró que también buscan poner a su fiscal en el estado.
“Lo que está de tras de este dictamen es esto poner a su fiscal, lo demás son distractores, son estrategias para negociar entre ellos, porque lo que está aquí es un abuso de autoridad”, afirmó.
Por su parte, la diputada local Iraís Reyes acusó que este dictamen no es a favor de los ciudadanos, sino para acumular el poder, ya que no “les gustó que tuvieran una carta blanca para elegir a su propio fiscal en el proceso de selección”.
La diputada priista Lorena de la Garza, ante estas acusaciones, aseguró que lo que se pretende es poner un freno a decisiones del gobernador García con las que no están de acuerdo, ya que “el poder Ejecutivo actualmente está en un afán de trasgredir la Constitución”.
Cabe recordar que el 31 de enero, los legisladores de la Comisión Anticorrupción aprobaron un acuerdo para llevar a juicio político al gobernador García por no remitir al Congreso el Presupuesto de Egresos 2023.
En la reunión, los legisladores aprobaron por mayoría este acuerdo con el que se citó a Samuel García a comparecer, ya sea en modalidad presencial o por escrito.
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El acuerdo aprobado también solicitó que el gobernador de Nuevo León informara el nombre de su defensor o si requería que se le asignara a uno de la defensoría pública.
