Reuters.- La revisión de la legislación minera propuesta por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que incluye concesiones más cortas y normas más estrictas para los permisos, derivó en una rápida advertencia de los líderes de la industria, que temen que pueda socavar las perspectivas de crecimiento del sector.
El presidente López Obrador, quien desde que asumió el cargo a finales de 2018 se ha negado a ofrecer nuevas concesiones mineras, presentó el martes un proyecto de reforma de la ley minera en la Cámara de Diputados, que reduciría drásticamente la duración de las mismas de 50 a 15 años.
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México, uno de los principales países mineros desde hace décadas, es el primer productor mundial de plata, así como uno de los diez primeros de oro y cobre.
La iniciativa, que aún debe superar varios trámites legislativos antes de poder promulgarse, también añadiría nuevos requisitos para obtener permisos de minería y agua, establecería una nueva obligación de divulgar los impactos del sector y exigiría a las empresas que devuelvan al menos el 10% de los beneficios a las comunidades.
La cámara minera del país, Camimex, advirtió la noche del martes en un comunicado que los cambios contemplados en el borrador podrían provocar “fuertes repercusiones” para la industria, aunque subrayó que continuaba analizando la propuesta.
El año pasado, el presidente defendió la nacionalización de la naciente industria del litio del país, favoreciendo a un productor estatal recién creado para extraer el codiciado metal de las baterías, en otra medida que los analistas del sector minero consideran que disminuye el apetito de los inversores.
Las acciones de la minera de metales preciosos Industrias Peñoles caían más de un 3% el miércoles, tras subir más de un 5% el día anterior, y las de la Compañía Minera Autlán bajaba casi un 2%, mientras que los títulos del principal productor de cobre, Grupo México, subían un 0.73%, marcando su tercer día consecutivo de ganancias.
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Camimex expresó su esperanza de que el próximo debate sobre la propuesta incorpore las preocupaciones de la industria, añadiendo que espera “una discusión legislativa amplia, inclusiva e informada”.
