En total hermetismo avanza en los Tribunales de Concordia la investigación que se abrió tras la denuncia de un particular sobre el patrimonio del ex gobernador Gustavo Bordet. Oficios librados a distintos organismos permiten entrever por dónde va la pesquisa. Ya remitieron documentación el Registro de la Propiedad, la Municipalidad de Concordia y la Dirección Nacional de Migraciones. En Concordia los bienes de Bordet son tema de charla en ámbitos políticos y judiciales. Todos tienen algo para decir. Que no declaró un departamento en Rosario, que contrató decenas de vuelos privados o que le compró un terreno a un imputado en la causa de los contratos truchos son algunas de las informaciones que circulan, según pudo recabar ANÁLISIS. De constatarse irregularidades, no se descarta que Bordet termine imputado y teniendo que dar explicaciones ante el Ministerio Público Fiscal.
Por L. Y. D.
(especial para ANALISIS)
Al asumir como diputado nacional, el ex gobernador Gustavo Bordet presentó su declaración jurada patrimonial tal como lo establecen las normas vigentes. Cada legislador debe presentar una DDJJ inicial al comenzar su mandato, actualizar la información año tras año y hacer una presentación de cierre al concluir su tarea en el Congreso. La documentación queda a disposición para su consulta pública en la web de la Oficina Anticorrupción.
Pero lo que debía serun simple trámite derivó en una sucesión de hechos que podrían terminar con Bordet sentado en el banquillo de los acusados. Lo primero que ocurrió fue la publicación en diversos medios de prensa de la declaración jurada del ex mandatario. Posteriormente, el 20 de febrero, el empresario apícola de Concordia y militante de Juntos por Entre Ríos Héctor D’Ambrós se apersonó en la fiscalía en turno con una nota periodística del portal www.elentrerios.com y formuló un pedido para que se investigue el patrimonio del ex mandatario.
“Ante la transcendencia que ha tomado en los distintos medios de prensa la declaración jurada patrimonial presentada por el ex gobernador de esta provincia, contador Gustavo Bordet, y ante la posible comisión de un delito de acción pública es que solicito se inicie una investigación al respecto, disponiendo de su parte las medidas investigativas que correspondan”, exigió D’Ambrós en su presentación.
Dos semanas más tarde, el 3 de marzo, el Ministerio Público Fiscal dispuso el inicio de una investigación formal. Lo hizo mediante una resolución firmada por el fiscal coordinador de Concordia, José Costa, en la que no se explicaron las razones de la decisión, pero se da por descontado que ocurrió lo que usualmente motiva determinaciones judiciales de este tipo: se habríandetectado inconsistencias sobre las cuales se creyó necesario indagar.
En la pesquisa del patrimonio de cualquier funcionario público las primeras medidas consisten en el pedido de información a distintos organismos, tanto respecto de la persona en cuestión como de su grupo familiar. En el caso de Bordet, la investigación abarca a su esposa, la diputada provincial Mariel Ávila, y a sus dos hijas mayores de edad, Delfina y Florencia Bordet.
Registro de la Propiedad, Registro Automotor, Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Anses, Dirección Nacional de Migraciones y Municipalidad de Concordia son algunos de los organismos que recibieron oficios pidiendo información sobre Bordet, según el relevamiento que realizó ANÁLISIS.
El ex gobernador tuvo la reacción de manual: desacreditar al denunciante y asegurar que se trataba de una campaña para desprestigiarlo. “Llama mucho la atención que a la denuncia la haga un militante activo de Juntos por el Cambio que ha apoyado la sedición policial que dejó tres muertos en Concordia y que reivindica la dictadura militar”, cuestionó en diálogo con la prensa en días posteriores al inicio de la investigación.
A la par, hace ya poco más de un mes, anticipó que haría algunas cosas: dijo que se iba a presentar espontáneamente en la justicia, que daría a conocer un informe sobre el desarrollo de su patrimonio que le había encargado a un auditor contratado para tal fin y que iba a pedir la apertura de la declaración jurada lacrada que había presentado a principios de 2016, al asumir su primera gestión como gobernador.
De cadete a ministro
La intención de Bordet al pedir la apertura de su DDJJ de 2016, según explicitó, es poder compararla con la de 2024 y demostrar que, siendo gobernador, solamente compró un terreno e hizo “mejoras” en una casa de fin de semana. No obstante, es de suponer que la justicia investigará su desarrollo patrimonial desde que es funcionario público, no solo en relación a sus mandatos al frente del Poder Ejecutivo. Cabe recordar que fue director contable del IAFAS, concejal, ministro e intendente durante dos períodos antes de ser gobernador.
El primer empleo de Bordet fue en 1980, como cadete del estudio contable de su padre. El ahora diputado nacional había terminado la secundaria y, siguiendo la tradición familiar, empezaba la carrera de Ciencias Económicas en la UNER. En 1983 Busti llegó a la Intendencia y convocó a Elvio Bordet para secretario de Gobierno. Su hijo Gustavo cobró un rol más preponderante en el estudio, que debió atender mientras su padre se dedicaba a la gestión y a la política.
En 1986, con Busti gobernador, Elvio Bordet asumió como intendente y su hijo quedó a cargo del estudio. Cuatro años más tarde, en 1990, el joven contador compró su primer departamento en Concordia. En el período siguiente, con Busti de nuevo en el gobierno local, Gustavo Bordet ingresó en la función pública: fue electo concejal y se desempeñó en la banca entre 1995 y 1999.
(Más información en la edición gráfica de la revista ANALISIS, en un informe de cinco páginas, en la edición 1149, del día 18 de abril de 2024)
