No voy a entrar en si la eutanasia en el caso de Noelia Castillo estaba bien concedida o no. Todo indica que tras años de trámites, informes y resoluciones judiciales, lo estaba; que se trataba de una decisión legalmente garantizada y, en ese sentido, legítima. Tampoco parece discutible que una persona adulta deba poder disponer de su propia vida cuando el sufrimiento se le vuelve insoportable.

Lo que me preocupa muchísimo es la secuencia completa que lo hace posible, porque antes de esa muerte hay una cadena de fallos bastante reconocible: entorno familiar deteriorado, problemas de salud mental que (ya conocemos cómo anda la sanidad en este aspecto) rara vez reciben la atención suficiente, una agresión sexual que señala, una vez más, los límites de la protección real que ofrece el Estado a las mujeres y, en general, una acumulación de circunstancias que configuran una vida cada vez más difícil.

Todos esos mecanismos previos fallaron uno tras otro de forma estrepitosa, mientras que el que autoriza la muerte funciona con una precisión casi ejemplar.

La ley de eutanasia, en abstracto, puede ser una herramienta razonable e incluso necesaria como último recurso. El problema es que, en la práctica, ese “último recurso” empieza a parecerse a una salida disponible cuando todo lo demás ha dejado de estarlo. Un recurso no es último si no se han desplegado otros antes, es el único que se ha ofrecido.

La pregunta no es si una persona tiene derecho a morir, sino en qué condiciones ha tenido que vivir para que esa opción aparezca como la más coherente.

Este desplazamiento no es anecdótico. Casos similares han empezado a aparecer en otros países europeos, especialmente en mujeres con historiales de abuso o problemas de salud mental, lo que introduce la posibilidad de que ciertas trayectorias de vulnerabilidad encuentren en la eutanasia una especie de desenlace lógico.

Cuando lo único que funciona bien es el mecanismo que permite dejar de vivir, el problema no esté en esa ley, sino en todo lo demás.